La justicia dominicana se mantuvo muy activa durante este año 2019, conociendo solicitudes de medida de coerción en casos que, en su mayoría, conmovieron a la sociedad dominicana, siendo el más impactante el atentado que llevó al bordo de la muerte a la estrella del béisbol de Grandes Ligas, David Ortiz.
Otro caso que se mantiene en los tribunales con solicitudes de prisión preventiva, revisión de medida de coerción y apelaciones a esas decisiones es el caso donde se involucra a los implicados de pertenecer a la red que dirigía el presunto narcotraficante César Emilio Peralta (César el Abusador), ahora preso en Colombia, esperando su extradición hacia los Estados Unidos.
Otro caso del que el Ministerio Público no sale bien parado es el de la fiscal de Villa Vásquez, que se vio involucrada junto a varios miembros de la irección Nacional de Control de Drogas, en una implantación de droga en una barbería de ese municipio de la provincia Monte Cristi.
También el caso que involucra a la fiscalizadora de San Pedro de Macorís de favorecer con un acuerdo de libertad a Yasmil Oscar Fernández, quien mató a su expareja Anibel González y se suicidó, y de haber firmado el acuerdo de libertad a Johan Manuel Ramírez, presunto feminicida de Juana Domínguez Salas (Nona), en esa misma jurisdicción.
En el caso de San Pedro de Macorís, también dos jueces, cuyos nombres no fueron revelados, fueron investigados por el departamento de Inspectoría del Poder Judicial, remitidos al Consejo del Poder Judicial para los fines legales correspondientes.
El ataque a David Ortiz
El pasado 9 de junio, Ortiz fue herido de bala por el imputado Rolfi Ferreras Cruz, quien en realidad estaba supuesto a dispararle a Sixto David Fernández.
El hecho ocurrió en el bar “Dial Bar and Lounge, próximo a la avenida Venezuela de Santo Domingo Este, en el cual también resultó herido el presentador de televisión Jhoel López.
Por el caso fueron involucrados más de 15 personas incluyendo al presunto autor material Ferreras Cruz, quienes guardan un año de prisión preventiva por este hecho en diferentes cárceles del país.
Caso “César el Abusador”
Aunque al principio, la opinión pública señalaba como el autor intelectual del atentado a César el Abusador, este no fue involucrado por este hecho, sin embargo, fue solicitado en extradición por las autoridades de Estados Unidos, junto a otros socios que aceptaron irse de manera voluntaria en extradición para enfrentar cargos de narcotráfico y lavado de activos.
Mientras las autoridades dominicanas solicitaron medidas de coerción en contra de los vinculados a la red que dirigía César el Abusador, quienes en su mayoría se encuentran guardando prisión preventiva, incluyendo su pareja sentimental Marisol Franco.
Fiscalizadora de SPM
En tanto el 14 de noviembre pasado, el juzgado de Atención Permanente de San Pedro de Macorís impuso prisión preventiva en contra de la fiscalizadora de San Pedro de Macorís, Margarita Hernández, tras ser acusada de cometer irregularidades en los acuerdos concertados con Oscar Fernández y Manuel Ramírez, a través de los cuales estos lograron salir de la cárcel y posteriormente asesinaron a sus parejas.
Por el hecho, el Consejo Superior del Ministerio Público suspendió a Margarita Hernández, titular de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género de San Pedro de Macorís, y al fiscal titular de esa jurisdicción, Pedro Núñez Jiménez.
En este caso, el Poder Judicial también se vio empañado, ya que dos jueces de San Pedro de Macorís que homologaron los acuerdos, también fueron investigados por el Departamento de Inspectoría y se encuentra pendiente de decisión por parte del Consejo del Poder Judicial.
La fiscal de Villa Vásquez
Este mismo año, el 22 de agosto, también fue enviada a prisión la destituida fiscal de Villa Vásquez, Carmen Lisset Núñez, quien junto a cuatro exmiembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), presuntamente colocaron droga en una barbería de esa localidad el 2 de agosto pasado, para incriminar a los jóvenes que se encontraban en el establecimiento.
Sin embargo, el 10 de diciembre, un tribunal de esa jurisdicción varió la medida de coerción que fue impuesta contra la exfiscal Núñez Peña y cuatro exagentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), disponiendo arresto domiciliario en contra de la primera y en el caso de los exagentes, se les impuso el pago de una garantía económica de RD$40,000 cada uno, impedimento de salida del país y presentación periódica. El Ministerio Público recurrió en apelación la decisión.
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