TRAS INFORMARSE QUE PAGÓ MULTIMILLONARIOS SOBORNOS PARA ADJUDICARSE CONTRATOS EN LA NACIÓN CENTROAMERICANA Y OTROS PAÍSES
El gobierno panameño informó el martes que buscará prohibir las operaciones de la constructora brasileña Odebrecht en futuras obras públicas, tras informarse que pagó multimillonarios sobornos para adjudicarse contratos en la nación centroamericana y otros países de Latinoamérica.
En un comunicado leído a los medios por el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, el gobierno del mandatario Juan Carlos Varela dijo que adoptará "las acciones necesarias" para evitar que a esa empresa "se le adjudiquen y refrenden" contratos ganados en licitaciones.
Señaló que se mantendrá esa medida hasta que la empresa dé muestras de colaboración efectiva en las investigaciones que se realizan en Panamá por corrupción y se comprometa a resarcir económicamente al país por los daños causados.
La acción panameña se desprende luego de que el Departamento de Justicia estadounidense informara la semana pasada que Odebrecht y su filial Braskem acordaron pagar una multa de más de 3.500 millones de dólares para que se retiren las acusaciones de soborno.
De acuerdo con la investigación del Departamento de Justicia, la constructora brasileña pagó sobornos multimillonarios en diez países de América Latina y dos de África a cambio de obtener contratos suculentos con entidades públicas. En el caso de Panamá, la investigación señala que la compañía pagó presuntos sobornos a funcionarios públicos por 59 millones de dólares en el periodo de 2010-2014 en que gobernaba el derechista Ricardo Martinelli.
Odebrecht se convirtió en el mayor contratista del Estado panameño en la última década, con obras adjudicadas por más de 9.000 millones de dólares, entre ellas la primera línea del Metro de Panamá.
Pese a las denuncias de corrupción que enfrentaba en Brasil, Odebrecht formó parte del consorcio que se adjudicó la construcción de la segunda línea del Metro de Panamá y de otros proyectos de infraestructura pública por más de 2.500 millones de dólares en los primeros tramos del actual gobierno de Varela, que comenzó en julio 2014.
El gobierno dijo en el comunicado que también buscará la manera para que la empresa brasileña desista de su participación en el proceso de licitación para la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá y la tercera línea del Metro.
The Associated Press buscó una reacción de la oficina de la empresa brasileña en Panamá pero nadie contestó los teléfonos la noche del martes.
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