El Observatorio sobre los Derechos Humanos (Human Rights Watch nombre en inglés), presentó un informe con recomendaciones a la República Dominicana, de cómo actuar ante la inmigración masiva de venezolanos.
Mediante un comunicado enviado al canciller Miguel Vargas Maldonado, el director ejecutivo de la organización para las Américas, José Miguel Vivanco, dijo espera el país tenga en cuenta el informe, titulado “El éxodo venezolano: Urge una respuesta regional ante una crisis migratoria sin precedentes”, al presentar la postura de su gobierno durante los debates regionales en Quito y en el Consejo Permanente de la OEA, que serán realizados esta semana.
“El informe contiene recomendaciones concretas sobre cómo la región debería responder ante el éxodo masivo de venezolanos que están huyendo de la devastadora crisis económica, de derechos humanos y humanitaria que afecta a su país”, explica Vivanco en una misiva al ministro de Relaciones Exteriores enviada desde Washington.
Dijo que la investigación documenta los esfuerzos de gobiernos sudamericanos para responder al número masivo de ciudadanos venezolanos que cruzan sus fronteras, así como los retrocesos recientes que dificultan que los venezolanos puedan obtener protección.
“En algunas islas del Caribe, se detiene arbitrariamente y se deporta a venezolanos. Otro problema cada vez más preocupante son los incidentes de xenofobia”, indica.
Dijo que aunque varios gobiernos han hecho esfuerzos extraordinarios por acoger a los venezolanos que huyen, los gobiernos de las Américas deberían definir una respuesta colectiva y uniforme a la emigración venezolana.
En ese sentido, Human Rights Watch recomienda que los gobiernos de América consideren adoptar las siguientes medidas: Un régimen de protección temporaria para toda la región, que otorgue estatus legal a todos los venezolanos, incluida una autorización para trabajar y la suspensión de las deportaciones, durante un período fijo, pero renovable, al menos mientras se resuelvan los reclamos individuales de protección.
También un mecanismo regional para distribuir de manera equitativa las responsabilidades y los costos asociados con los flujos migratorios, incluido el traslado seguro, ordenado y voluntario de refugiados y solicitantes de asilo entre los países receptores, en función de su capacidad de acoger, registrar e integrar a estas personas.
Además, estrategias multilaterales contundentes para abordar las causas que provocan que tantos venezolanos se vayan de su país, lo que incluye adoptar y aplicar sanciones específicas, como la inmovilización de activos y la cancelación de visas, dirigida contra funcionarios venezolanos clave implicados en graves violaciones de derechos humanos, y promover que se haga justicia por las violaciones de derechos humanos.
El Observatorio sobre los Derechos Humanos resaltó que más de 2,3 millones de venezolanos, de una población total estimada de 32 millones, se han ido de su país desde 2014, según la ONU. No obstante, se han ido muchas más personas cuyos casos no habrían sido registrados por las autoridades.
“La crisis política, económica, humanitaria y de derechos humanos en Venezuela genera una multiplicidad de factores que provoca que los venezolanos huyan del país y que no puedan o no deseen regresar. Algunas de las personas que huyen pueden ser considerados refugiados, otros tal vez no cumplan con los requisitos, pero igualmente necesitan protección”, agrega la carta.
José Miguel Vivanco indicó que las reuniones de esta semana ofrecen una oportunidad única para que los gobiernos de la región estén a la altura de las circunstancias y adopten una respuesta regional a esta crisis migratoria sin precedentes que sea consistente con los derechos humanos. “Estamos a total disposición para trabajar con V.E. para que ello ocurra”, concluyó.
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