NUEVA YORK. La jueza Alice Schlesinger, de la Corte Suprema Estatal en Manhattan, confirmó una sanción de suspensión por un año otorgada por el Departamento de Educación a la maestra dominicana Alini Brito, quien fue encontrada besándose en una aula vacía con su colega
francesa Cindy Mauro, en la escuela secundaria James Madison.
Los investigadores, en diciembre de 2009, fecha del incidente, establecieron que las mujeres “estaban desnudas y en una posición muy caliente”.
Brito fue suspendida por un año y Mauro por dos, después de que investigadores de la agencia educativa de la ciudad, comprobaron la veracidad sobre el beso entre ambas profesoras.
Pero la magistrada calificó de “irracional” la sanción a Mauro, simplemente por besarse. En su momento, Brito negó a medios locales las acusaciones, pero versiones dijeron que ellas estaban bebiendo en un bar, horas antes de ir a la escuela.
El caso ocurrió en 2009 y las mujeres sometieron un reclamo en la División de Apelaciones de Manhattan, donde la jueza dictaminó que la sanción es demasiado dura.
Los estándares del Departamento de Educación prohiben el exhibicionismo, gestos incitantes al sexo y las relaciones sexuales entre maestros y maestras con alumnos de ambos sexos.
El Departamento fue demandado por las educadoras, que alegaron se violó el derecho de las lesbianas, pero la jueza envió a conocimiento del Departamento de Energía, para una revisión de la medida y reconsiderar la sanción.
Un investigador de educación le impuso el año de sanción a Brito, pero otro, aumentó la sanción a Mauro a dos, acusándola de no haber mostrado ningún remordimiento y ser un modelo negativo a seguir para los estudiantes de la secundaria.
La jueza confirmó la pena de un año a Brito, pero dijo que no había nada en el expediente para apoyar la queja contra Mauro.
La magistrada señaló que en las decisiones de la División de Apelación en ambos casos se utilizó un lenguaje casi idéntico “y por lo tanto, no tiene ningún sentido que la suspensión de Mauro sea el doble que la de Brito”.
Las maestras también se quejaron de no recibir el pago retroactivo de los años que han estado fuera de las aulas, pero rehusaron abordar esa parte, alegando que se necesitan más pruebas.
Ni el Departamento de Educación ni la oficina legal de la ciudad respondieron para una reacción respecto a la decisión de la jueza.
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