El ex publicista del PT, João Santana y su esposa y socia, la empresaria Mónica Maura, firmaron un acuerdo de confidencialidad con la Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil. El documento marca el inicio del proceso formal de su colaboración, reporta el diario brasileño O Globo en su edición digital de hoy jueves 21 de julio.
Detenidos en Curitiba desde hace cinco meses, en esta ocasión la pareja trata
de cerrar una denuncia a dos voces. A principios de abril Mónica intentó acuerdo individual, pero los términos no fueron aceptados por los fiscales.
Desde el 15 de junio de este año la pareja ha estado presa en la cárcel de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba. Previamente João estuvo detenido en el Complejo Médico Penal en la Región Metropolitana de Curitiba, y ella, en una cárcel de mujeres. La transferencia que se realizó hace ya más de un mes, se produjo por solicitud de los abogados de la pareja y con la anuencia del Ministerio Público para facilitar las conversaciones con sus defensores. El acuerdo todavía está en fase de negociación, lo que significa que los dos aún no han presentado ningún testimonio a los fiscales.
El acuerdo de confidencialidad es una especie de pre-delación y se produce previo a la firma del acuerdo con la Justicia. El jueves, ambos comparecerán por primera vez ante el juez del Tribunal Federal 13 en Curitiba, Sergio Moro, quien ordenó la detención de la pareja.
Serán interrogados en un proceso penal en el que deben responder por corrupción pasiva y blanqueo de dinero debido a la recepción de US$4,5 millones (R$14,6 millones) en 2013 y 2014 de la representación en Brasil del astillero Keppel Fels y proveedor de Petrobras, el ingeniero Si Skornick, como una contribución para ayudar a financiar la campaña para la reelección de la presidenta Dilma Rousseff, actualmente separada del cargo.
El pago se realizó directamente a una cuenta del ex mercadólogo João Santana en Suiza y no fue declarado ante la Justicia Federal. En la colaboración firmada con la Procuraduría y aún no aprobada por los tribunales, Si Skornick confirmó que se trató de un pago relacionado con los contratos de la empresa en Brasil a petición del extesorero del PT, João Vaccari Neto.
En el único testimonio formal dado hasta ahora sobre el tema, Mónica argumentó que los pagos estaban relacionados con los contratos de los astilleros Coppel en Angola, donde la pareja Santana también prestó servicios. Como se trata de un interrogatorio relacionado a un caso concreto, la pareja puede proporcionar aclaraciones al juez Moro y también pedir a hacer silencio si alguna pregunta estuviera relacionada con el tema del acuerdo en proceso de negociación.
En un intento fallido de una cerrar una colaboración estrecha con el MPF en abril de este año, Mónica admitió haber recaudado R$10 millones para la campaña de Rousseff en 2014, pagados a ella y João Santana fuera de las cuentas oficiales. En aquel momento, ella afirmó que hubo dinero de “caja 2” (dinero no reportado oficialmente) en las campañas para la elección de Rousseff (2010), y la reelección de Lula (2006), además de las campañas municipales de Fernando Haddad (2012), Marta Suplicy (2008) y Gleisi Hoffmann (2008).
De acuerdo con Mónica, los pagos en efectivo no declarados de 2014 habrían sido negociados por los exministros de Hacienda, Guido Mantega, y Antonio Palocci, además de Vaccari. El trío habría indicado a los ejecutivos que debían buscar que ella y João Santana recibieran las contribuciones (ilegales). Los tres mencionados y la campaña de Dilma niega la acusación de su antigua aliada.
En el intento de comenzar la delación en abril,Maura también dijo que el grupo J & F, el controlador de marcas Friboi y JBS, contribuyó con la “caja 2” para la campaña de Dilma al pagar directamente una deuda con la empresa gráfica Focal Confecção e Comunicação Visualde São Bernardo do Campo, en el ABC Paulista −una región industrial formada por siete municipios.
En ese momento, el grupo F J & negó haber hecho el pago. En conversaciones con la PGR, Maura informó también que el empresario Eike Batista hizo pagos en su cuenta y la de João Santana en el extranjero, vinculados a los trabajos realizados en las campañas políticas por la pareja.
Condiciones en la prisión
En el encarcelamiento de PF en Curitiba, la rutina de la pareja incluye conversaciones casi a diario con sus abogados, que se ocupan de negociar con los fiscales el acuerdo de delación. Los dos están en celdas separadas, pero contiguas – Mónica está sola en la celda 3, y Santana comparte el espacio con otras dos personas: Marcelo Odebrecht, expresidente y heredero del mismo nombre del grupo empresarial, y un traficante de drogas que está preso en Curitiba desde diciembre del año pasado.
Según el diario O Globo, el miércoles, los abogados Santana no respondieron a los intentos por contactarlos.
Al igual que la pareja Santana, Odebrecht también trata de cerrar un acuerdo de delación. A pesar de que la negociación se extiende por más tiempo y está más avanzada, se considera como la más compleja de LavaJato. La negociación de la multa a pagar por la empresa en el acuerdo de indulgencia comenzó a ser discutida en torno a R$12 mil millones y estaría cerca de R$6 mil millones.
En las negociaciones con la PGR, Marcelo Odebrecht se compromete a comunicar cada pago irregular realizado por la empresa, incluidos los intermediarios, beneficiarios finales y el beneficio delos contratosobtenidos por la empresa en función de los sobornos pagados. Los abogados exigen cláusula que garantice la liberación inmediata del ejecutivo después de la aprobación del convenio, algo que los procuradores están reacios a aceptar, dice O Globo.
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