Los aprestos y anuncios sobre la intención de volver a modificar la Constitución provocaron el rechazo inmediato de diversos estamentos de la sociedad, durante todo el año 2018, debido a los daños que podría general para el sistema democrático.
En esa tarea estuvo voz protagónica la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) de que durante el año 2019 continuará demandando respeto a la Constitución, las leyes para que se apliquen las normas que trasparentan el gastos públicos, se sancione la corrupción públicas y privadas, los funcionarios sean más transparentes en el ejercicio de sus funciones y mejoren las condiciones de vida de la población.
De acuerdo a su vicepresidente ejecutivo, doctor Servio Tulio Castaño Guzmán al rendir un informe de las principales actividades que realizaron durante el año 2018 entre ellas demando transparencia en la aprobación de la ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, en el Senado de la República.
Para exista la cultura de transparencia y se impida la intromisión del crimen organizado, la corrupción política pública y privada en la elección de funcionarios y representantes públicos.
Además para que se propicie la participación social en la vida política nacional, se promueva la participación de la juventud y las mujeres; y que se garantice la celebración de asambleas electorales apegadas a criterios ordenados y se controle el transfuguismo político el cual es uno de los males que han aquejado al sistema de partidos a lo largo de su historia.
Con relación al debate de la reelección presidencial la Finjus consideró que es improcedente tratar el tema de la reelección presidencial en la actual coyuntura política sin haber arribado siquiera al período de precampaña y, más aún, que se aluda a la posibilidad de abocarse a ello sin necesidad de reforma constitucional inobservando el contenido del artículo 124 de nuestra Ley sustantiva, así como la vigésima disposición transitoria que prohibe la reelección presidencial para el gobernante de turno.
Cámara de Cuentas
Con relación al aumento salarial de los miembros de la Cámara de Cuentas la Finjus advirtió que esa disposición fue una medida incoherente y desproporcionada de cara a la situación que atraviesa la Cámara de Cuentas, de acuerdo a lo que informan los miembros de ese órgano, caracterizada por ellos como falta de liquidez para realizar acciones concretas inherentes a sus funciones, como son las auditorías a las instituciones gubernamentales.
El doctor Castaños Guzmán expresó que la Finjus también se pronunció demandando del Congreso Nacional que además de ostentar , sus funciones de representar y legislar, que realizaran las prerrogativas de fiscalizar el accionar estatal con el propósito y fortalecer la supervisión de la ejecución de las políticas públicas, como forma de enfrentar las debilidades en la institucionalidad democrática y de esta manera desterrar la vieja práctica política de que el partido que controla el Poder Ejecutivo.
Sobre la JCE
También la entidad de la sociedad civil le advirtió a la Junta Central Electoral que tenga cuidado con la disposición de ella organización de las primarias de los partidos, porque sería tomar el riesgo de que en ocasiones no reconozcan los resultados y afecten la credibilidad del órgano electoral para dirigir y supervisar los torneos electivos que sí le son propios de sus competencias constitucionales y legalmente establecidas,
Dijeron que los partidos políticos es a quienes la sociedad dominicana debe exigirles su organización inmediata y, ante todo, que permitan con sus acciones seguir fortaleciendo el sistema político y lograr así una notable mejoría de la institucionalidad democrática del país.
Ante el anuncio del Consejo Superior del Ministerio Público con la designación de los nuevos procuradores fiscales titulares, procuradores generales de corte y responsables de procuradurías especializadas, mediante concurso de oposición, Finjus consideró que es una imperante que el Consejo Superior del Ministerio Público se aboque al establecimiento del escalafón institucional, como un instrumento para aquilatar en cada miembro titular sus tiempos de ejercicio, los méritos acumulados en determinadas funciones.
La Finjus consideró preocupante las declaraciones de sectores y personas que pretenden limitar las facultades de orden estatal propias del Ministerio de Educación para realizar los procesos de reforma de primer orden dentro del sistema educativo nacional, los cuales son imprescindibles para el mejoramiento de la calidad educativa y el fortalecimiento de las instituciones.
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