Una cabo de la Policía y dos del Ejército participaron en la fuga de un preso en clínica de Nagua

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  Le impusieron medida de coerción luego de investigación ordenada por el procurador.

MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ. Una cabo de la Policía Nacional y dos cabos del Ejército de la República Dominicana figuran entre el grupo de personas que planificó la fuga del recluso Jorge Gabriel Báez Abreu, el condenado a 30 años por intento de asesinato que escapó el pasado lunes cuando fue llevado a un centro médico de Nagua.

De acuerdo con las informaciones de la Procuraduría General de la República, por el hecho fue sometida a la justicia la cabo de la policía Angelina Berroa Martínez, quien trabajaba para la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) en Santiago. A esta un juez le impuso tres meses de prisión preventiva.

Mientras que a los cabos del Ejército Dawel Manuel Cuevas Urbáez y Mario Marte Álvarez, quienes custodiaban al interno al momento de la fuga, le dictaron medidas de coerción consistente en impedimento de salida del país y presentación periódica.

Richard Jonathan Infante Pérez, señalado por el Ministerio Público como la persona que sirvió de intermediario entre Kelvyn Domingo Almonte Cabrera, quien se encuentra prófugo, y el señor Edward Geremías Maldonado Reynoso, para rentar del vehículo utilizado para la fuga de Báez Abreu, fue enviado a la prisión por tres meses preventivo.

El sometimiento de los imputados se produjo luego de que el procurador general, Jean Rodríguez, diera instrucciones para la realización de una investigación para determinar responsabilidades penales en la fuga del interno condenado a 30 años, Jorge Gabriel Báez Abreu, ocurrida el pasado lunes en un centro de salud de la zona.

Tras el inicio de las investigaciones a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, se ha otorgado al caso la calificación jurídica provisional de violación al artículo 146 de la Constitución y los artículos 123, 124, 125, 126, 177, 178, 237, 240, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, en perjuicio del Estado dominicano.

El Ministerio Público explicó que continúa con las investigaciones de lugar a los fines de determinar la posible participación de otros ciudadanos vinculados con los hechos ilícitos investigados.